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Este protocolo tiene por finalidad impulsar actuaciones de prevención, información, formación, detección y sensibilización para hacer frente a la violencia institucional hacia las mujeres “migrantes” y “racializadas”, con el objetivo de erradicar por completo este tipo de situación del entorno de la Administración Pública y contribuir a sensibilizar al funcionariado.
Cuenta con la participación de 600 mujeres y activistas que viven en condición de migración y racialización, de las ciudades de Barcelona, Mataró, Tarragona, Granollers, Banyoles y Girona. Forma parte del proyecto “Empoderamiento de mujeres migradas afectadas por las violencias machistas y racistas en acciones de atención y recuperación”, financiado en el marco de la convocatoria del Departament d’Igualtat i Feminismes de Cataluña.